Esto no sonará popular pero, contrario a otros impuestos, el de circulación vehicular o ICV es el tipo de impuestos que necesita el país, porque tiende a gravar más a los que más tienen y porque no grava la producción, sino el resultado de ella. Gravar la tenencia y uso de vehículos privados es una de las formas más efectivas de gravar la riqueza de las personas, especialmente la de las que más tienen.
Si se quiere tronar contra los impuestos, y razones hay, que se haga contra los que gravan el consumo de los pobres como el ITBIS a los alimentos, o los que lastiman la producción como cuando se aplica el ITBIS en Aduanas, cuando se adelantan impuestos sin todavía haber generado ingresos o haber cobrado una venta, o cuando se gravan los combustibles de manera desmedida. Pero no por los que gravan más a los más ricos.
Las formas específicas del ICV pueden ser mejoradas. Por ejemplo, se externaron quejas respecto a la valoración que hace la DGII de muchos vehículos porque difería de forma significativa de la valoración de mercado.
También se puede argumentar, y así lo creo, que lo ideal hubiese sido tener, antes que una tasa fija de 1% sobre el valor del vehículo, una escala de tasas, por ejemplo, 0.5% para vehículos de menor costo, 1% para aquellos de costo medio y 1.5% para los de costo elevado. Eso hubiese hecho al impuesto uno verdaderamente progresivo por cuanto propietarios y propietarias de vehículos de mayor costo pagarían proporcionalmente más que el resto. Pero los problemas vinculados al valor gravable y a la tasa uniforme no le quitan virtudes al impuesto.
La reforma impositiva de noviembre, que nos trajo la modificación al impuesto a la circulación, fue odiosa. Fue impuesta de forma grosera, y se hizo en el marco de un escándalo vinculado a un déficit público injustificado y de una magnitud sin precedentes, y a graves denuncias de corrupción y abuso en el uso de los recursos. Además, contenía figuras impositivas claramente objetables desde el punto de vista de la equidad como la imposición del ITBIS a aceites y azúcar, y un impuesto acrecentado a los combustibles que además de ser inequitativo encarece los procesos productivos.
Pero contenía otras figuras muy rescatables como el ICV, y las reformas de los impuestos a la propiedad inmobiliaria y sobre la renta para que también gravase los intereses percibidos por las personas de altos ingresos. Es este tipo de impuestos al que la sociedad debe apostar antes que a impuestos al consumo de masas, porque estos van contribuyendo a cambiar la estructura impositiva hacia una más deseable porque es más justa y no se convierte en una retranca severa para el empleo y la producción.
La posposición de la puesta en vigencia de la modificación al ICV, la cual deberá ser aprobada por el Congreso, fue una movida políticamente inteligente porque apacigua a los sectores medios, los cuales, como se demostró el año pasado, tienen una importante capacidad de incidencia en los medios y generan opinión pública. También porque envía una señal de sensibilidad de parte del gobierno, aún sea sólo para con los sectores medios, lo cual contrasta con la arrogancia e indiferencia de la administración Fernández.
Sin embargo, el efecto es de corto plazo y se limita al beneficio de la figura del Presidente. El riesgo de ella es que se erosione el camino hacia un sistema tributario más justo porque podría estar revelando que el gobierno es particularmente vulnerable a sectores de mayor poder económico que se resisten a ser gravados. Hay que recordar que un sistema tributario justo y progresivo es crítico para lograr un Estado con la capacidad para recaudar y gastar lo que necesita el esfuerzo de desarrollo.
Por último, hay que reconocer que el debate puede contribuir a olvidar lo más importante: que el nudo mayor de nuestro problema fiscal es, más que nada, lo que financian nuestros impuestos.
El problema más acuciante es un gasto público opaco, discrecional y plagado de ineficiencia y corrupción. La ciudadanía y las organizaciones y movimientos sociales deberían concentrar su atención en eso.
